Las filtraciones de Pandora son condenatorias para América Latina y Chile ha sufrido las peores consecuencias

América Latina ha vuelto a los titulares por las razones equivocadas. Los políticos y funcionarios de la región ocupan un lugar destacado en los Pandora Papers, una publicación de archivos filtrados sobre la riqueza mantenida en paraísos fiscales. Noventa de los 330 políticos y funcionarios públicos mencionados en la filtración de datos son latinoamericanos, incluidos tres presidentes en ejercicio, un ministro de Finanzas y un gobernador de banco central.  

Argentina tiene el tercer mayor número de dueños beneficiarios de empresas extraterritoriales, después de Rusia y Reino Unido. Honduras, uno de los países más pobres de América, tiene más políticos nombrados en los Pandora Papers que Nigeria.

La afición latinoamericana por acumular riqueza en el extranjero es compartida a través de todo el espectro político. En Argentina, destacan tanto exfuncionarios peronistas como de la oposición conservadora. El multimillonario expresidente Mauricio Macri observó el mes pasado que en Argentina “para ganar dinero hay que evitar impuestos”. Empresarios vinculados a los socialistas gobernantes de Venezuela y un exasesor legal del presidente de izquierda de México aparecen junto a conservadores de otros países, algunos de los cuales hicieron fortunas en los negocios antes de entrar en la política.

Las consecuencias inmediatas han sido más graves en Chile, donde el multimillonario presidente Sebastián Piñera, dañado por las protestas sociales de 2019, lucha por su supervivencia política. Los archivos filtrados indican que cuando su familia vendió una empresa minera a principios de su primer mandato, parte del precio estaba condicionado a una decisión regulatoria favorable. Piñera dijo que no estaba involucrado en la administración de la empresa en ese momento, no obstante, un comité del Congreso está considerando una solicitud de la oposición para destituirlo. 

Los Pandora Papers destacan otra tendencia preocupante: el extensivo uso de jurisdicciones secretas dentro de EEUU. Algunas de las figuras destacadas mencionadas habían reaccionado al endurecimiento de los controles a los paraísos fiscales trasladando activos desde el Caribe a estados como Dakota del Sur, una jurisdicción secreta en rápido crecimiento. 

Estados Unidos sigue sin cumplir con cuatro de las recomendaciones hechas en 2016 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, sigla en inglés), un organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esto incluye asegurar información adecuada sobre el beneficiario real.

Siempre rápido para exigir la cooperación de otros países sobre el secreto fiscal, Washington debe hacer más por tomar medidas enérgicas en sus propias jurisdicciones, las que se rigen por leyes estaduales, y para garantizar que la información de las entidades con sede en EEUU se comparta completa y rápidamente con gobiernos extranjeros. 

Las revelaciones de los Pandora Papers han provocado reflexiones a nivel mundial sobre la injusticia de una élite capaz de evitar los impuestos y ocultar la propiedad mediante la transferencia de activos al extranjero. Solo en América Latina, la Comisión Económica de la ONU estima que la elusión de impuestos cuesta ingresos equivalentes a 6,1% de las economías de la región.

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Pero quizás lo más preocupante es lo que dicen los Pandora Papers sobre la falta de voluntad de los ricos de América Latina para invertir en sus propios países. La OCDE cita una cifra de 900 mil millones de euros en activos latinoamericanos mantenidos en el extranjero. Argentina es casi sinónimo de deuda externa impagable, sin embargo, la posición de inversión internacional neta del país es positiva, por una suma de US$ 129 mil millones.

Tomar medidas enérgicas contra la evasión y mejorar la divulgación desde los paraísos fiscales son objetivos vitales. Pero garantizar el estado de derecho, la estabilidad económica y la solidez del dinero local son igualmente importantes. En última instancia, los gobiernos de América Latina deberían reducir el atractivo de la inversión extraterritorial haciendo que sus propios países sean más atractivos para invertir.